El gobierno cerró ayer un nuevo capítulo del plan de Salud, al anunciar el envío para hoy de nuevas iniciativas de ley, las que se suman a los dos proyectos ya en trámite. En el breve plazo pasarán al legislativo una serie de indicaciones a la ley Auge, materias relacionadas con el financiamiento, autoridad sanitaria, gestión y materias relacionadas con el Fondo Maternal Solidario y un Fondo de Compensación Solidario.
El nuevo paso es el resultado de un mes de intenso debate en torno a esta materia, en el que han participado desde los partidos de la Concertación, el sector privado, la oposición y los gremios respectivos. Un torrente de ideas y propuestas que el Ejecutivo, en parte, ha recogido e incorporado a los textos citados.
Pese a las modificaciones observadas, destaca el mantenimiento que ha hecho el gobierno del eje central de la reforma de Salud, la que es solidaria y está construida sobre un criterio de equidad. Se observa una fuerte acción subsidiaria del Estado y un espíritu que el mismo gobierno denomina como solidario, el que en otras palabras, apunta a terminar con “graves anomalías” en el sistema de financiamiento actual de las prestaciones maternales.
En líneas generales, el proyecto de reforma a la Salud mantiene tres líneas de financiamiento para obtener los recursos cifrados en $ 225 mil millones. Aportes fiscales que provendrán del crecimiento económico y de mejoras en los ejercicios presupuestarios, los que serán posibles mediante una mayor eficiencia; focalización del gasto público –cambios en el sistema de los subsidios maternales, básicamente- y perfeccionamiento de la estructura tributaria –incrementos al tabaco, alcohol y combustibles diesel-.
Pese que prácticamente todos los sectores políticos y empresariales –descontando los gremiales- han estado de acuerdo con el Plan Auge, ha habido grandes discrepancias en cuanto a su financiamiento. Los mecanismos propuestos por el gobierno los días que siguieron al 21 de mayo fueron impugnados no sólo por la oposición y el sector privado liderado por las isapres, sino al interior de la Concertación por la Democracia Cristiana. Este partido de gobierno se opuso de manera tenaz a lo que interpretaron como fin del subsidio maternal.
La nueva carta de navegación legislativa en torno a la Salud incorpora algunas de estas propuestas, no obstante hay otras ignoradas, como la proposición del grupo de senadores disidentes de la DC de subir el IVA en medio punto como fuente de recursos. Del mismo modo, mantuvo de manera más o menos intacta el fin de los subsidios maternales a los sueldos altos, materia que había sido rechazada por la Comisión Económica y Social de la DC liderada por Alejandro Foxley y Edgardo Boeninger.
Pese al fin de estos subsidios –ahora todos los cotizantes deberán financiar el fondo maternal-, el gobierno ha hilado más fino en la materia y ha apostado a enfatizar su discurso solidario. Ha discriminado en un sentido positivo y subsidiará de forma integral a las familias que tendrán que efectuar esta cotización destinada al Fondo Solidario Maternal. El Estado aportará íntegramente los recursos que corresponderá aportar al fondo a los cotizantes con rentas bajo los 200 mil pesos, en tanto subsidiará parcialmente a los que tienen rentas entre 200 y 400 mil pesos. La propuesta de no quitar el 0,6 por ciento de las cotizaciones a las afiliadas a isapres que ganen menos de 300 mil pesos había sido formulada por el PPD.
Un nuevo mecanismo de financiamiento será la obligación que tendrán los trabajadores independientes de aportar un siete por ciento de sus rentas a Fonasa o a una isapre. La idea, no integrada en sus inicios por el gobierno, ha sido fruto de la discusión postrera y surgió tanto desde las filas de Renovación Nacional como de la Democracia Cristiana. La propuesta fue rápidamente asumida por otros partidos de la Concertación –como el PS- y por el mismo gobierno.
Otro mecanismo de financiamiento incorporado se apoya en el crecimiento económico, lo que significa que podría en un futuro ser tema de discusión técnica (hay economistas que estiman que el país no volverá a crecer a la brevedad a altas tasas). Esta idea estaba en el anuncio inicial del gobierno pero fue enfatizada por la Comisión Económica y Social de la Democracia Cristiana y, durante el verano pasado, por Renovación Nacional.
También hay concesiones a los más duros. Uno de los temas levantados a guisa de bandera por la UDI y el sector privado –Confederación de la Producción y del Comercio y la Sofofa- y, en ocasiones por el presidente de la DC Adolfo Zaldívar, ha sido la mayor eficiencia en el gasto público. De manera insistente estos sectores han venido presionando al gobierno hacia la aplicación de mayores exigencias en el uso de los recursos públicos, aspectos que están recogidos en el proyecto de Autoridad Sanitaria y Gestión.
Pese al reclamo de estos sectores más pertinaces de la oposición, el gobierno mantiene los cambios a la estructura tributaria como mecanismo de financiamiento. El leve aumento a los impuestos específicos mencionados, aun cuando ha sido objetado por el empresariado y la UDI- es una propuesta inicialmente planteada por Renovación Nacional en un documento de febrero pasado y levantada de manera más o menos simultánea por la DC y el PPD.
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