Antes que termine marzo, el presidente Lagos dispondrá nuevos mecanismos de contratación, evaluación y remuneración de funcionarios de confianza en 30 servicios públicos del país, en lo que será el plan piloto del Estatuto para la Alta Dirección Pública, cuyo proyecto se enviará al Congreso a fines de abril. Así lo adelantó a Primera Línea, el director ejecutivo del Proyecto de Reforma y Modernización del Estado, Rodrigo Egaña.
La iniciativa gubernamental, que se inscribe dentro de la reforma y modernización del Estado, una de los siete ejes que anunciara Lagos en su discurso del 21 de mayo, persigue dar continuidad al Proyecto de Gerencia Pública elaborado bajo la administración de Eduardo Frei Ruiz Tagle. Este ya identificó la necesidad de otorgar un tratamiento distinto a los directivos de servicios públicos del resto del personal administrativo del Estado, con el objetivo de incrementar la transparencia y eficiencia del sistema.
Según lo señalado por Egaña, la nueva modalidad se aplicará a todos los cargos de exclusiva confianza –con excepción de los ministros, subsecretarios, intendentes y embajadores- y a los dependientes de éstos.
Así, a partir de la entrega del instructivo, cualquier vacante que se produzca en las jefaturas de servicios, de divisiones, departamentos, unidades, así como directores regionales y otros dependientes de los directivos superiores, deberá ser llenado mediante un llamado a concurso público con claro establecimiento previo del perfil del profesional solicitado, ejecutado por una empresa externa al servicio.
El contrato se hará por tres ó cuatro años, sujeto a evaluación de desempeño al término del mismo para determinar su continuidad en el cargo o el llamado a un nuevo concurso. Esta evaluación deberá ser ratificada por una institución ajena al servicio que da origen al cargo y tendrá su correlato anual en el cumplimiento de las metas de desempeño fijadas.
Entre los objetivos del Estatuto –y su respectivo plan piloto- se encuentra el reducir el actual número de funcionarios de confianza, que por planta administrativa alcanza a los tres mil cupos, exageradamente aumentados por medio de los cargos a contrata.
Si bien el proyecto plantea la necesidad de incrementar las remuneraciones de estos funcionarios de tal manera de atraer a profesionales y ejecutivos talentosos, destaca también que no hay que olvidar que la administración pública trae aparejada una vocación de servicio. En ese sentido se trata de alcanzar un justo equilibrio entre ambos factores.
El sistema de remuneraciones también sufrirá modificaciones, pues se propone un ingreso fijo –cuyo mínimo es el ingreso actual percibido según la escala del servicio y su máximo el del director de la institución- que se complementará mediante una asignación especial de carácter flexible, sujeta a evaluación de desempeño, equivalente hasta un 20% del total de haberes.
La evaluación, que deberá ser realizada por un ente externo al servicio, se basará en criterios objetivos y establecidos en “contratos de desempeño” que se firmarán al inicio de la relación laboral.
La iniciativa legal contempla la creación de una oficina de Recursos Humanos del Sector Público cuya finalidad será la administración de este nuevo sistema, incluida la responsabilidad de efectuar la evaluación externa.
También se contempla una instancia de apelación al jefe superior del mando directo, en caso de un despido que supuestamente no se ajuste a las normas.
De acuerdo a la agenda establecida por el Ejecutivo, se espera que a finales del 2003 la nueva modalidad esté completamente operativa en la totalidad de los servicios públicos del país.
Asimismo, se señala que el proyecto de ley asociado a la iniciativa ya ha sido consultado con actores de todos los partidos políticos y ha sido bien recibido, por lo que su tramitación -aunque larga- será exitosa.
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