Por 64 votos a favor, cuatro en contra y siete abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó ayer el proyecto que modifica la ley de alcoholes para adaptarla a las normas internacionales de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
La iniciativa fija a los licores, pisco, whiisky, aguardiente y destilados, incluyendo vinos aromatizados, una tasa única de 27 por ciento de impuesto adicional al IVA.
En un artículo transitorio se establece que la modificación regirá a partir de la fecha de publicación de la ley para el caso del pisco, y a partir del 21 de marzo del 2003 para el resto de las bebidas.
El ministro de Hacienda Nicolás Eyzaguirre valoró la aprobación y explicó que se comprendió el objetivo del gobierno de cumplir las normas de la OMC y no dañar a los productores nacionales.
Uno de los votos en contra fue del diputado Andrés Palma, quien afirmó que la medida -que se traducirá en una reducción de los precios de estos alcoholes- incentivará el alcoholismo, acarreará problemas de delincuencia, y beneficiará a los productores extranjeros.
Las normas de la OMC se dictaron luego de una larga disputa entre los productores chilenos y la unión europea por el excesivo impuesto adicional al IVA que contravenía los artículos del GATT. Por eso, el año pasado un tribunal arbitral resolvió que el país debía adecuar su legislación a más tardar el 21 de marzo.
Ahora el proyecto pasó al Senado.
En tanto, el Senado aprobó ayer en la tarde y despachó a la Cámara de Diputados el proyecto que modifica la ley general de pesca estableciendo cuotas de captura por armador en zonas específicas.
La iniciativa, tal como quedó ahora, contempla límites de captura tanto para las especies que habían sido aprobadas por la Cámara (jurel, sardina y anchoveta), como para las que se habían excluido, esto es, la merluza (en sus cuatro variedades), el congrio dorado, el camarón y los langostinos amarillo y colorado.
El proyecto establece que las unidades de pesquería que se individualizan en la normativa se someterán a una medida de administración denominada 'Límite Máximo de Captura por Armador' y que consiste en distribuir anualmente la fracción de la cuota global anual de captura asignada al sector industrial, para la unidad de pesquería, entre los armadores que tengan naves con autorización de pesca vigente para desarrollar actividades extractivas en ella, a la fecha de publicación de la resolución respectiva.
Se establece que en septiembre de cada año la subsecretaría de Pesca dictará una resolución para cada una de las unidades, que contendrá para cada nave a lo menos la captura total anual desembarcada del trienio correspondiente, la capacidad de bodega autorizada expresada en metros cúbicos, y el área o regiones autorizadas en la unidad.
El subsecretario de Pesca, Daniel Albarrán, se mostró satisfecho por el respaldo del Senado para aprobar el criterio del Ejecutivo, pero reconoció que la Cámara puede insistir que en la sesión del próximo martes en alguno o todos sus conceptos, lo cual motivará la conformación de una comisión mixta.
Indicó que, además de la restitución de las pesquerías, se aprobaron las nuevas atribuciones que fortalecen al Servicio Nacional de Pesca, así como el aumento en dos representantes más para los pescadores artesanales en los Consejos Nacional y Zonal de Pesca.
Informó que, dentro de los cambios hechos por los parlamentarios, se encuentra la reducción de cuatro a dos los años que se consideran para la determinación de la captura histórica por armador para las especies demersales (merluza, congrio, camarón y langostinos). Dijo que prefería el periodo 1997 - 2000 para hacer los respectivos análisis, ya que favorece la solución de posibles errores de cálculo.
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